Los concursos de acreedores alcanzaron en 2022 su máximo en nueve años en Galicia
En Galicia, los concursos de acreedores alcanzaron en 2022 su máximo en nueve años, con 540 procedimientos de este tipo, lo que supone un 16,9% más que en 2021 y la cifra más elevada desde 2013. La inflación, el frenazo de la economía, el endurecimiento de las condiciones de financiación y las secuelas de la pandemia han contribuido a que más empresas, negocios y familias se declaren en situación de insolvencia y deban recurrir al concurso de acreedores.
El levantamiento de la moratoria concursal en julio de 2022 también ha contribuido al aumento de los procedimientos, ya que suspendió la obligación del deudor que se encontrase en situación de insolvencia de solicitar la declaración de concurso.
Los datos publicados por el Colegio de Registradores de España revelan que el aumento de los procedimientos se concentró en particulares y personas físicas con actividad empresarial, como los autónomos con negocios, que protagonizaron 371 concursos de acreedores el año pasado en Galicia, un 34% más que en 2021 y la cifra más elevada de toda la serie histórica de la estadística concursal.
En cambio, entre las empresas, la estadística muestra un descenso de los concursos desde 2020. Ese año se activó la moratoria tras estallar la pandemia y se prorrogó durante todo 2021 y mitad de 2022. El año pasado se registraron en la comunidad 169 procedimientos de este tipo por falta de liquidez y problemas de insolvencia, un 8,6% menos que el ejercicio anterior y la cifra más baja desde 2007.
Los sectores que coparon los procesos fueron el comercio y los talleres de coches, seguidos de la construcción y la industria manufacturera. Los datos reflejan que cada vez más familias recurren a esta vía si no pueden hacer frente al pago de préstamos o a deudas con terceros. En el conjunto de España, la evolución de los concursos de acreedores es similar, con un aumento del 33,9% en los procedimientos de particulares y personas físicas con actividad empresarial y un tímido aumento del 0,2% en los que afectaron a empresas. En total, se contabilizaron 14.424 procedimientos en todo el país, la cifra más alta en 18 años.